E lo concerniente a la Administración del Estado, los interinos han pasado de componer el 1,4 por ciento del total de funcionarios en todos los departamentos ministeriales, a principios de 2001, a representar el 1,6 por ciento al comienzo de 2002.

En su informe, el Defensor del Pueblo advierte que esto ocurre a pesar de las leyes presupuestarias aprobadas en los últimos años que mantienen criterios restrictivos en la contratación de personal eventual y nombramiento de interinos, y a pesar de las transfrencias de competencias y de personal que se han realizado hacia las comunidades autónomas.

Lo mismo sucede, según el informe del Defensor del Pueblo, en lo que se refiere al personal laboral, que pasa del 17,5 por ciento, en 2001, al 21,8 por ciento en 2002, a pesar de haberse producido en ese periodo la aprobación de una oferta de empleo público y el desarrollo de determinados procesos de consolidación.

Por lo que se refiere a las administraciones autonómicas, a principios de enero de 2001, el orcentaje de interinos y eventuales alcanzaba un 16,6 por ciento del total de funcionarios, y al comienzo del año 2002 esa cifra era del 16,8 por ciento. En el caso de los contratos laborales temporales, se registró un 26,3 por ciento a principios de 2001 y un 27,7 por ciento un año después.

TEMPORALIDAD INQUIETANTE

En lo que se refiere al empleo público local, la situación de temporalidad es "inquietante", según el informe del Defensor del Pueblo. El 32 por ciento del personal al servicio de las enidades locales está compuesto por funcionarios interinos o contratados laborales temporales.

Si, de acuerdo con las estimaciones contenidas en el informe de la Federación Española de Municipios y Provincias, en julio de 2002, ha señalado Enrique Múgica, hubieran tenido lugar los procesos selectivos previstos, aún seguiría habiendo una temporalidad del 25 por ciento de los puestos de la Administración local, "lo que resulta ciertamente excesivo como dato global", concluyó.