Alvarez de Miranda, que presentó hoy en la Comisión Mixta para las Relaciones con el Defensor del Pueblo su informe de 1997, anunció que ya ha finalizado el informe monográfico sobre violencia doméstica que le encargó el Congreso, y que próximamente presentará a la Cámara.

Avanzó que los datos del estudio "confirman la gravedad extraordinaria del problema", y destacó las 24.641 denuncias y las 91 vícticmas por malos tratos regitradas en 1997.

El informe sobre maltratos a mujeres, según explicó el Defensor del Pueblo, recoge una serie de recomendaciones dirigidas a las distintas administraciones públicas relativas a aspectos jurídicos, sociales, de educación y de acceso a viviendas protegidas.

Por otro lado, Alvarez de Miranda informó a los parlamentarios de que la institución que preside recibió el añ pasado un total de 18.017 quejas que, junto a las 121 investigaciones de oficio, hacen un total de 18.138. Añadió que d las reclamaciones recibidas 11.882 fueron individuales y el resto, 6.256, colectivas o quejas idénticas presentadas en este caso por 20 grupos.

RECOMENDACIONES

También resaltó que en 1997 se formularon un total de 112 recomendaciones, de las que, a 31 de mayo de este año, han sido aceptadas 67, rechazadas 24 y otras 21 están tramitación. Entre la aceptadas, Alvarez de Miranda destacó la asumida por la Comunidad de Madrid sobre supresión de barreras arquitectónicas y promoción de accesibilidad.

Entre otras quejas, el Defensor del Pueblo citó el retraso en la concesión de visados para extranjeros para facilitar el regrupamiento familiar, al tiempo que reiteró la necesidad de reformar la Ley de Extranjería, "para que se adecue a los necesarios parámetros de justicia, libertad y solidaridad".

Asimismo, pidió a la Administración que el matrimonio no sea utilizado como un elemento de control frente a la posible entrada fraudulenta de extranjeros, porque ello puede resultar contrario a lo establecdo en la Constitución.

Durante su comparecencia, el Defensor del Pueblo también trató cuestiones como los largos plazos de espera que soportan los objetores de conciencia para incorporarse a la Prestación Social Sustitutoria y la falta de plazas en residencias para la tercera edad.

Otras asuntos expuestos por Alvarez de Miranda fueron el déficit de plazas escolares, la necesidad de dar una mayor protección a las familias numerosas, el aumento de los accidentes laborales y una mayor protección delmedio ambiente.