Esta situación fue motivada, según explica Gil-Robles, por la negativa del alcalde, Andrés Palacios Palacios, a instalar campamentos adecuados para la recepción de los trabajadores, decisión que fue refrendada por los vecinos.

Alvaro Gil-Robles recomienda al equipo de gobierno de este municipio que, con el fin de evitar que se repitan los graves sucesos que tuvieron lugar durante el pasado año, participe en una comisión para coordnar la recepción de los temporeros durante la campaña de este año.

Según confirma el Defensor del Pueblo, el alcalde, tras realizar un referéndum entre los vecinos de Bañares, prohibió el pasado año instalar un campamento en la finca utilizada habitualmente para ello y optó por que fueran los empleadores quienes proporcionasen alojamiento a los trabajadores.

El resultado fue que muchas de las 106 familias de temporeros que acudieron al pueblo, en su mayoría de raza gitana, tuvieron que acampar enfincas particulares y en condiciones precarias. Estas ocupaciones de tierras fueron denunciadas ante el juez por los propietarios.

A estos trabajadores sólo se les suministraba agua durante cuatro horas al día (de 8 a 12), carecían de alumbrado público, no disponían de duchas, fregaderos o casetas para asistencia sanitaria y las autoridades cerraron la escuela destinada a sus hijos.

Con el fin de que estas situaciones no vuelvan a producirse, el Defensor propone la creación de la citada comisión,que estaría integrada por representantes de la Delegación del Gobierno en La Rioja, los ayuntamientos afectados, las consejerías correspondientes de la comunidad autónoma, organismos dependientes de la Administración central, Cruz Roja, empresas agrícolas y el colectivo de temporeros.

Gil-Robles sugiere que los empresarios se comprometan a facilitar a los temporeros y a sus familiares alojamientos dignos en inmuebles de su propiedad.

También considera que deberían crearse, ante la próxima campaña uno o varios campamentos temporales con los servicios mínimos indispensables (agua, servicios higiénicos, asistencia sanitaria), que serían financiados por todas las partes implicadas.

Por otro lado, el Defensor estima que hay que establecer medidas compensatorias para los ayuntamientos que concentren un mayor número de trabajadores, ya que opina que "estas situaciones deben ser compartidas por todos aquellos municipios que se benefician de dicha mano de obra".

Finalmente, solicita a los ayuntamentos en los que se instalen los temporeros y sus familias que garanticen el acceso libre a los servicios de dominio público, como fuentes, plazas y calles.

De esta forma, Gil-Robles quiere evitar las medidas que estableció el Ayuntamiento de Bañares, que dispuso vallas en las calles para dificultar la libre circulación de los vehículos y el acceso a la plaza del pueblo.