Según informó la institución, Ángel Gabilondo ha remitido a la directora del CNI un escrito en el que le comunica la apertura de la actuación de oficio y solicita determinadas informaciones "relativas a los protocolos internos sobre la intervención de comunicaciones, sobre la autorización judicial previa a estas intervenciones y sobre la utilización del 'spyware' Pegasus", tras las informaciones publicadas por la prensa en los últimos días.

El Defensor del Pueblo considera, además, que "es conveniente" que se constituya "cuanto antes" la Comisión de Secretos Oficiales en el Congreso de los Diputados "como instrumento de control ordinario de la actividad del CNI, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 11/2002, de 6 de mayo".

Con esta iniciativa el Defensor del Pueblo aseguró que trata de contribuir "al buen funcionamiento de las instituciones del Estado y de velar por el respeto de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, asuntos de interés general para la ciudadanía".

DATOS PRECISOS

El pasado domingo, varios medios de comunicación se hicieron eco de que el Defensor del Pueblo había tomado la decisión de "recabar datos precisos" sobre el supuesto espionaje a más de medio centenar de políticos, entre ellos los últimos presidentes de la Generalitat de Cataluña y otros cargos independentistas.

El Defensor admitió que estaba "analizando las informaciones sobre una eventual utilización inadecuada de las herramientas de software Pegasus que hayan podido poner en riesgo el ejercicio de derechos fundamentales, en particular los relacionados con el derecho a la privacidad".

Esta decisión estaba sustentada "de conformidad con lo previsto en su Ley Orgánica" con el fin de "recabar los datos precisos para abrir una actuación de oficio a fin de contribuir al buen funcionamiento institucional y velar por el respeto de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución".

Desde el Defensor del Pueblo recordaron entonces que esta institución "no recibe órdenes ni instrucciones de ninguna autoridad" de acuerdo a las competencias que le otorga la ley, dado que depende directamente de la soberanía nacional al ser elegido por el Congreso de los Diputados y el Senado con una mayoría de tres quintos y para un mandato de cinco años.