El informe del Defensor del Pueblo aragonés detecta irregularidades jurídicas, como falta de consignación presupuestaria, ausencia de fisclización previa, omisión de requisitos legales de la capacidad del contratista, inclusión en los pliegos de condiciones de requisistos de capacidad del contratista no previstos en la ley y falta del informe previo preceptivo de la comisión de ordenación y racionalización administrativa.

Sin embargo, el documento elaborado por Juan Monserrat no entra en la posible vulneración del artículo 20.3 de la Constitución, lo que motivó que IU presentase un recurso contencioso administrativo que ha sido admitidoa trámite por el Tribunal Superior de Justicia.

Monserrat contesta también a la queja formulada por los portavoces del Partido Aragonés y Partido Popular por la no concesión del tercer canal de televisión a la Comunidad Autónoma de Aragón.

"Habrá que reiterar esa petición y, en caso de no recibir contestación, el Gobierno de Aragón interpondría un recurso contencioso administrativo", explica en el informe.

Por su parte, el Partido Socialista de las Cortes aragonesas mantiene que va a exigir l cumplimiento de las recomendaciones de Juan Monserrat, que, según el PSOE, ha visto obstaculizada su labor desde el Gobierno autónomo.

El portavoz de IU en el Parlamento aragonés, Adolfo Burriel, también se manifestó al respecto y señaló que "sería poco presentable" que el Gobierno de Aragón no atendiera las recomendaciones de Juan Monserrat.