De los 73 municipios analizados por la Oficina del Defensor, 14 carecen de calabozos, 18 se encuentran en situación aceptable y el resto presentan una situación lamentable. Dieciséis de éstos incumplen la normativa vigente, destacando el de Fuengirola (Málaga), con techo de uralita y sin colchones, según dijo.

"No se respetan la dignidad y los derechos de los detenidos", argumentó el Defensor del Pueblo ante la Cámara. Según sus cálculos, lo ayuntamientos destinan 1.325 pesetas por persona y día a sus calabozos, la misma cantidad que invierten desde 1988.

Jesús Maeztu, que lleva en funciones desde hace más de año y medio, recordó que la Federación Andaluza de Municipios y Provincias ha solicitado el retraso en la entrada en vigor del Código Penal para facilitar la rehabilitación de los depósitos carcelarios.

Insalubridad e inseguridad concentran el mayor número de denuncias ocasionadas por la situación de los calabozos municipales adaluces, según dijo. El perfil del detenido en los depósitos carcelarios municipales es el de un joven toxicómano con antecedentes penales y autor de delitos contra la propiedad.

Maeztu instó a las administraciones locales a que suscriban convenios con la Junta de Andalucía para garantizar un mínimo de condiciones de salubridad y seguridad para los presos.