En 2021 siete menores fueron asesinados por su padres o exparejas de sus madres, casos denominados como violencia vicaria, en la que el agresor acaba con la vida de los menores para castigar a la madre que normalmente le ha anunciado su decisión de separarse de él.

Por ello, en el informe el Defensor del Pueblo dice que es "urgente mejorar la protección de los niños que se enfrentan diariamente a la violencia de género en su entorno más cercano y que se manifiesta como la forma más cruel de maltrato ejercida contra la mujer".

Explica el informe que el número de denuncias de violencia de género "sigue siendo muy bajo, y se mantiene la tendencia de los últimos años a evitar la denuncia por miedo a una mayor represalia sobre ellas o sobre sus hijos. Solo nueve de las 43 víctimas de 2021 habían interpuesto denuncia contra su agresor, aunque la ayuda no llegó a tiempo para ellas".

Respecto a las cifras de violencia vicaria, siete asesinados, "en cuatro de los casos existían denuncias previas de la madre y en cinco el presunto asesino era excónyuge o expareja de la madre. En cuatro de los casos había medidas judiciales, por lo que la protección judicial resultó claramente insuficiente para proteger a los menores", refleja el informe.

Expone que los casos de violencia vicaria "no suele ser una explosión de agresividad generada por un detonante repentino, sino un proceso calculado, proyectado y ejecutado de acuerdo con un plan preconcebido".

Por este motivo, indica que "la violencia vicaria y la violencia de género ejercida sobre niños y niñas necesita un tipo de actuación preventiva específica, atendiendo a toda la problemática que afecta a la unidad familiar en su conjunto (tanto a la madre, como a la madre y los hijos) y con prevalencia del interés del niño por encima de ningún otro en juego".

"El objetivo es, por lo tanto, poner los niños en el centro de la acción y ayudar a las administraciones a protegerles mejor y más eficazmente, analizando el sistema de protección con el que ya contamos y adaptándolo a sus necesidades específicas y a su realidad infantil o adolescente, garantizando que se produce una reparación efectiva del daño causado, en especial de los daños psicológicos y las alteraciones de comportamiento, por haber estado sometidos durante largo tiempo a un contexto familiar de violencia, en sus hogares, donde deberían sentirse seguros y a salvo", señala.