Alvarez de Miranda, que hoy asistió a un encuentro informativo organizado por la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP), explicó que ésta es una demanda que figura en el informe anual que presentará esta semana al Congreso.

Tras subrayar que la modificación de la actual ley orgánica que regula la actividad del Defensor del Pueblo es una competecia de las Cámaras, Alvarez de Miranda apuntó también la conveniencia de que se busquen fórmulas que faciliten la renovación del cargo.

En este sentido, recordó que no fue bueno para la institución haber permanecido durante dos años con una defensora adjunta, como consecuencia de la falta de acuerdo entre los grupos parlamentarios a la hora de elegir al titular del cargo.

Alvarez de Miranda calificó de "razonable, pero no perfecto" el grado de colaboración existente entre las Administraciones púbicas y la institución el Defensor del Pueblo, y puso de relieve que de las 91 recomendaciones sugeridas al Gobierno en el último informe hayan sido aceptadas más el 60 por ciento de ellas.

Igualmente, comentó que la Administración central es más "cumplidora" que los poderes locales, quizás porque dispone de mayores medios técnicos y humanos para atender las sugerencias que le plantea el Defensor el Pueblo.

Respecto a la Constitución y a posibles cambios para garantizar mejor los derechos y libertdes de los ciudadanos, opinó que el texto de la Carta Magna es "bastante redondo y acabado" en el capítulo de derechos humanos.