Respecto al primer caso, el Defensor señaló en unanota de prensa que ha requerido al alcalde de Las Palmas para que aclare dos cuestiones: si informó previamente de su proyecto a la Administración del Estado y "si el alcance de la medida adoptada se limitó al pago del transporte aéreo o fueron también previstas ayudas de carácter social y si, en todo caso, los servicios sociales del punto de destino, Madrid, fueron debidamente advertidos".

En cuanto al segundo caso, el Defensor señala que ha recibido un fax de la Delegación del Gobierno en Murcia en l que asegura que ignoraba que las dos nigerianas expulsadas en octubre pasado tuvieran hijos a su cargo en España y que ellas no lo comunicaron "ni siquiera cuando se les preguntó si tenían familia en territorio nacional".

El Defensor asegura que se pronunciará sobre el fondo del asunto cuando reciba toda la documentación que le ha enviado la Delegación del Gobierno en Murcia.