En su opinión, "la falta de personal cualificado para atender a este alumnado en los diferentes servicios complementarios y actividades extraescolares que ofrezca un centro, con independencia de quien asuma su gestión directa, Debe considerarse discriminatorio".

La única excepción es que "se acredite debidamente que el ajuste solicitado no es razonable por imponer una carga desproporcionada o indebida", añade en el documento.

En este sentido, el Defensor alude a la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que contempla "su derecho a participar en las actividades recreativas y en la vida cultural" e insta a los Estados a "garantizar que los niños y niñas con discapacidad tengan acceso junto a los demás niños y niñas a la participación en actividades lúdicas, deportivas, recreativas y de esparcimiento, incluidas las que se realizan dentro del sistema escolar".

Además, subraya que "la verdadera inclusión educativa" no se limita a la formación reglada, sino a participar en igualdad de condiciones en en la vida de los centros.

Asimismo, pide "ampliar la oferta de plazas" en los ciclos de Formación Profesional Básica para alumnos con discapacidad intelectual mayores de 17 años, a fin de facilitar su integración social y laboral.

Según el informe, las plazas ofrecidas en muchas comunidades aAutónomas "resultan insuficientes", aun cuando quedan vacantes en la FP Básica ordinaria. Por último, recoge quejas referidas a la falta de accesibilidad de los contenidos educativos y entornos digitales para los alumnos con discapacidad visual y auditiva.