Muchas de las propuestas surgen del análisis del Convenio del Consejo de Europa sobre Protección de la Infancia contra la Explotación y el Abuso Sexual, de 25 de octubre de 2007, que ha sido firmado ya por 27 países, entre los que aún no se encuentra España, según informó en Defensor del Menor en una nota de prensa.

Canalda propone elevar las penas en el caso de los delitos sexuales cometidos sobre menores de edad, así como el incremento de las penas de inhabilitación especial para el ejercicio de los derechos de la patria potestad, tutela, curatela, guarda, empleo o cargo público o ejercicio de la profesión u oficio.

Igualmente, solicita modificar el Código Penal para que, por debajo de determinada edad, cualquier abuso sexual sea considerado agresión sexual o violación, aunque no haya intimidación o uso de la violencia que la ley considera necesario para tal tipificación.

A juicio del Defensor del Menor, "la resistencia activa difícilmente se dará en niños muy pequeños, dada su extrema vulnerabilidad, sus condiciones cognitivas y su falta absoluta de experiencia".

La propuesta de modificación consistiría, pues, en añadir una nueva circunstancia que hiciera referencia a la edad mínima de la víctima para que los actos fueran automáticamente considerados agresión sexual.

EDAD DE CONSENTIMIENTO

Asimismo, propone elevar la edad de consentimiento para mantener relaciones sexuales, que actualmente está siruada en España en los 13 años, así como incluir como delito en el Código Penal, de manera expresa, el consumo de prostitución infantil, es decir, la condición de cliente.

De igual manera, se pide tipificar como delito el simple visionado de pornografía infantil, aunque no se esté almacenando ni distribuyendo.

El Defensor del Menor considera también que sería necesario que se tipificara como delito la producción y divulgación de textos, relatos u otras obras gráficas que, de forma explícita, enaltezcan conductas que tengan la consideración de delitos contra la libertad e indemnidad sexual de los menores, esto es, la apología de la pederastia.

Otra reivindicación que solicita esta institución es la creación del agente encubierto en la Red, "figura que resultaría muy útil en toda investigación que se siga por delitos relacionados con la pornografía infantil y otras formas de explotación y abuso sexual de la infancia".

Por último, Canalda pide que se cree un registro de delincuentes sexuales que recoja datos relativos a la identidad, perfil genético (ADN), antecedentes penales, medidas cautelares o cualquier otra información que pudiera resultar relevante de personas condenadas o procesadas por delitos sexuales, especialmente los realizados sobre menores de edad.

Este registro sería accesible a las instancias judiciales y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y tendría que expedir certificaciones negativas siempre que se solicite el alta de un trabajador que apareciera en él para desempeñar profesiones o trabajos relacionados con los menores.