En opinión de Núñez-Morgades, los casos de adolesentes fugados de residencias han demostrado la falta de medios y recursos para atender a los chicos cuyas actitudes desbordan las posibilidades de actuación de las propias familias.

El Defensor del Menor solicitó, además, la creación de programas coordinados para la detección precoz de estos trastornos. Estos programas, concluyó Núñez-Morgades, deberían potenciar la acción conjunta hacia el menor afectado y su familia desde las primeras manifestaciones del trastorno.