Canalda se ha adherido al manifiesto por la lengua común y contra la discriminación lingüística que ha promovido un grupo de intelectuales y al que se han sumado ya representantes de la vida social y cultural española.

En una nota, el Defensor del Menor considera fundamental garantizar el derecho de todos los niños españoles a recibir educación en la lengua común a todo el Estado, el castellano, independientemente de que se garantice también el aprendizaje del idioma oficial de las comunidades autónomas que lo tengan.

Canalda dijo que las lenguas son instrumentos decomunicación y que el castellano representa un nexo de unión que el Estado debe garantizar. La imposición de la lengua oficial de las comunidades autónomas como idioma vehicular en su sistema educativo supone, a su juicio, una discriminación para aquellos niños cuyos padres quieran que reciban sus clases en castellano.

Asimismo, subrayó que dicha imposición puede llegar a causar un perjuicio a los menores, al quedar mermadas sus posibilidades de comunicación con un mundo cada vez más global. El Defensor del Menor entiende también que debe estar garantizado el acceso en castellano a todos los servicios públicos que un niño pueda necesitar en cualquier comunidad autónoma.