Ese censo permitirá al INE vender datos del censo electoral a empresas, para publicidad y promociones, si las personas afectadas no se oponen por escrito, una posibilidad abierta en la Ley Orgánica de Protecció de Datos de Carácter Personal, promulgada en 1999.

Con las actuaciones iniciadas, el Defensor del Pueblo pretende que la elaboración de ese censo "vaya precedida por la aprobación de las normas necesarias para garantizar a los titulares de los datos personales la posibilidad de manifestar en todo momento su voluntad de ser incluidos o excluidos de este Censo, siempre sin coste alguno para ellos, a través de procedimientos sencillos y ágiles que tengan reflejo inmediato en el contenido de dicho Censo"

El Defensor del Pueblo entiende que "la garantía de un derecho fundamental como es la intimidad y la protección de los datos personales de los ciudadanos exige que no se inicien actuaciones que pudieran limitar su ejercicio sin que previamente se hayan previsto todas las medidas de protección necesarias".