En el informe, al que tvo acceso Servimedia, se relatan los casos de los ayuntamientos de Santander y Murcia, entre otros, en los cuales cuestiona la legalidad de la actuación de la policía local contra determinados mendigos, a quienes se les incautó en diversas ocasiones el dinero que tenían.

El Defensor subraya en su informe que las investigaciones practicadas han servido para sacar a la luz "un problema de actitud" de determinados responsables municipales "ante lo que es una realidad, la existencia de mendigos".

El efensor matiza que la mendicidad sólo debe ser objeto de persecución cuando medien coacciones en su práctica o se vean implicados en ella menores de edad.

Agrega que "no puede prohibirse aquello que no es objeto de reproche en ninguna disposición de rango legal (...), y que la actitud de los mendigos no puede verse limitada por el hecho de que su presencia moleste al resto de ciudadanos que corren mejor suerte que ellos".