En el informe anual publicado este miércoles, Gabilondo achacó esta situación a ”deficiencias” o a “meros olvidos”, e instó a solucionarla.

Aplaudió el cambio de paradigma que la ley trajo consigo, al alinear la normativa española con las exigencias de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que establece la capacidad jurídica como un derecho inalienable.

Esta reforma acabó con la figura de la tutela y con las incapacitaciones judiciales, estableció la obligación de acordar medidas de apoyo individualizadas para que las personas puedan tomar sus propias decisiones.

Sin embargo, “en ningún momento” se buscó que los poderes públicos dejasen de contemplar las medidas de apoyo de diverso alcance previstas para las propias personas con discapacidad y para sus familias, precisó Gabilondo.

Explicó que, desde el punto de vista tributario, la desaparición de la tutela, la incapacitación y la patria potestad prorrogada o rehabilitada supuso la desaparición de diversos beneficios dirigidos a la protección a este colectivo. Asimismo, prosiguió, también se han limitado las ventajas en cuanto a las cotizaciones de la Seguridad Social.

De hecho, solo se mantiene la equiparación a una discapacidad en grado del 65% a aquellas personas respecto de las que se haya nombrado un "curador con facultades de representación plenas para todos los actos jurídicos".

A juicio del Defensor, “no parece que estos efectos hayan sido previstos ni queridos por el legislador”. Más bien, parecen “ser el resultado de deficiencias en la técnica legislativa o de meros olvidos”, deslizó.

Las modificaciones introducidas por la Ley 8/2021 han afectado, entre otras, a la normativa fiscal y de protección social.

Según el Defensor del Pueblo, la institución ha recibido numerosas quejas de familiares preocupados por la pérdida de diversas ventajas fiscales y sociales que ayudaban a la gestión diaria de las familias afectadas, al haberse convertido las antiguas figuras desaparecidas en curatelas, guardas de hecho u otras medidas voluntarias de apoyo.

IRPF

La normativa del IRPF vinculaba la atribución de determinados beneficios fiscales a la incapacitación. Producido el cambio en la referida Ley 8/2021, la Agencia Tributaria (AEAT), con el fin de que estos beneficios no devinieran inaplicables, interpretó que la antigua incapacitación debía asimilarse a la actual curatela representativa y que en este supuesto sí que tales beneficios podían continuar aplicándose.

Sin embargo, la nueva regulación de la capacidad jurídica considera la curatela representativa una medida excepcionalísima, por lo que las personas que dispongan de apoyos de otro tipo, en la práctica, se verían privadas de los beneficios fiscales que anteriormente disfrutaban.

El Defensor dirigió una recomendación a la Secretaría de Estado de Hacienda para que se modifique el texto de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con el fin de mantener la efectividad de la protección a las personas con discapacidad en términos equivalentes a los que resultaban de aplicación antes de la vigencia de la Ley 8/2021.

Esta propuesta no fue aceptada, puesto que la Secretaría de Estado entiende que la normativa fiscal no debería abordar la extensión a otras figuras de asistencia a la persona con discapacidad en las que no se requiere una intervención judicial, como otras medidas de apoyo de naturaleza diferente a la antigua incapacitación. Esto es, figuras respecto de las que la propia Ley 8/2021 no ha llevado a cabo en el orden civil la referida equiparación.