En concreto, el artículo 182 del citado reglamento establece que "son incapaces o inhábiles para intervenir como testigos en una escritura notarial las personas con discapacidad psíquica, los invidentes, los sordos y los mudos". A juicio del Cermi, esto limita "injustificada y desproporcionadamente determinadas funciones a las personas con discapacidad".

En su escrito, fechado el pasado 5 de junio y al que tuvo acceso Servimedia, el Defensor del Pueblo asegura que emprenderá "las acciones oportunas ante la Secretaria de Estado de Justicia a fin de que nos informe sobre las cuestiones planteadas, así como de la posibilidad de adecuar las causas naturales de inhabilitación e incapacidad para intervenir como testigo en una escritura".

Según el Defensor, "la interpretación literal del artículo 182 puede dar lugar a discriminaciones, pues impide la intervención de ciertas personas en un acto para que el pueden ser capaces, así como la ausencia de matizaciones a unas prohibiciones demasiado genéricas".