"Es necesaria una regulación clara de la objeción de conciencia de los profesionales, en el sentido de que sólo puedan objetar los que intervienen directamente en el aborto" y no otros como pueden ser los celadores, declaró a Servimedia Marciano Sánchez-Bayle, portavoz de la Fadsp.

En este sentido, Sánchez Bayle apostó por que la nueva norma permita que los médicos que objeten frente al aborto se registren en un listado público y revisable cada cierto tiempo.

Por otra parte, el portavoz de Defensa de la Sanidad Pública insistió en que la norma sobre el aborto que el Gobierno se ha comprometido a impulsar ha de ser una ley de plazos que deje en manos de las mujeres la decisión de interrumpir o no su embarazo.

Finalmente, concluyó el portavoz de la Fadsp, la norma debe garantizar que la sanidad pública cubra la interrupción voluntaria del embarazo y atienda en la práctica a las mujeres que deseen abortar y estén dentro de la legalidad.