Así lo solicitó la federación en un comunicado en el que rechazó “totalmente” las propuestas realizadas por el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco, al entender que implican “someter a las mujeres a una intolerable presión y a una humillación” que dijo “repudiar”.

Según la entidad, las medidas suponen una “vulneración” de las leyes como "la autonomía del paciente, el derecho a la intimidad y el respeto a sus decisiones" y advirtió de que el sistema sanitario “no está para servir como un mecanismo de represión ideológica” sobre las mujeres.

Junto a ello, consideró que “no tiene ninguna lógica sobrecargar” a este nivel asistencial con una actividad más teniendo en cuenta que, según sus estimaciones, la demora media en Atención Primaria es de 5,63 días en la región y que un 37,3% de los pacientes “esperan más de siete días para ser atendidos en este nivel asistencial”.

“La Junta debería de preocuparse por solventar estas intolerables demoras y no en sobrecargarlos más”, sentenció, para, a continuación, volver a exigir la “retirada” de estas medidas y llamar a los profesionales sanitarios de Atención Primaria en Castilla y León a “ejercer su derecho a la objeción de conciencia” y a “no aplicar estas medidas, garantizando los derechos de las mujeres a ejercer su libre decisión sin presiones”.