Esta federación considera, en un comunicado, que los hechos que se están sucediendo, como cierre de clínicas abortistas, se deben, "a parte de a una actitud cada vez más beligerante del fundamentalismo religioso, a una legislación ambigua que no protege jurídicamente a las mujeres que abortan ni a los profesionales sanitarios que colaboran con ellas".

Por ello, sostienen que es "urgente una nueva regulación" del aborto en la que se recoja "una ley de plazos que permita a las mujeres su libre decisión dentro de esto; la regulación de la objeción de conciencia de los profesionales de la salud, única y exclusivamente para el acto del aborto, creando un registro público periódicamente renovable (1 o 2 años como mínimo".

Así como que "la cobertura del aborto en la Sanidad Publica incluyéndolo explícitamente en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud y asegurando los recursos profesionales para su atención".

Este colectivo sostiene que "si no se hace así, los problemas serán recurrentes y el derecho a las mujeres al aborto estará en manos de los vaivenes políticos y del poder de los fanáticos religiosos".