"Es imprescindible que este Gobierno, que ha tenido tanta sensibilidad social con respecto a los derechos de la mujer, regule el aborto de una manera razonable para que las mujeres que quieran acogerse a esta situación puedan hacerlo dignamente, con una cobertura pública y con una atención sanitaria de calidad", declaró a Servimedia Marciano Sánchez Bayle, portavoz de la Fadsp.

A juicio de Sánchez Bayle, la legislación actual del aborto tiene "muchísimos problemas", ya que despenaliza la interrupción del embarazo sólo en tres supuestos, con lo que los casos que no se ajusten a ellos se consideran delito, algo que crea "inseguridad jurídica" tanto en las mujeres, como en los profesionales sanitarios.

Además, la normativa vigente, continuó este representante de Defensa de la Sanidad Pública, no regula la objeción de conciencia de los profesionales, un aspecto importante que sí debería recoger una futura ley.

Este aspecto, subrayó Sánchez Bayle, "se debe regular de manera explícita", de forma que puedan hacerse públicas las listas de los objetores de conciencia.

Por último, hizo hincapié en la importancia de que la nueva ley asegure que los abortos se van a practicar dentro de la sanidad pública, con garantías y seguridad para la mujer.