Agulló, quien es hermano de uno de los militares fallecidos, afirmó que la existencia de deficiencias en los aparatos utilizados para trasladar a las tropas "lo sabía todo el mundo" y que es "un insulto a los difuntos decir que no se conocían las quejas".

El ex presidente de Afaty hizo estas declaraciones ante el juez Grande-Marlaska en calidad de testigo en la investigación que el magistrado está llevando a cabo para esclarecer todo lo relativo a la contratación del Yak-42, que se estrelló en Turquía el 26 de mayo de 2003, provocando la muerte de 62 militares españoles que regresaban de Afganistán.

Entre estas quejas, destaca una presentada por el sargento Tomás Lirón ante el Ministerio de Defensa el 22 de enero de 2003, cuatro meses antes del accidente, relativa a un vuelo desde Manas (Kirgizstan) a Zaragoza realizado el 14 de enero.

En dicho vuelo, según informó Agulló, la zona de pasajeros estaba en gran medida ocupada por cajas de carga y en el interior se encontraba, incluso, un coche 4X4 en el que tuvieron que sentarse durante el viaje varios de los militares debido a la falta de asientos.

Otra de las quejas, relató el ex presidente de la asociación de familiares de las víctimas, llegó incluso al Parlamento.

Agulló contó que, en abril de 2003, la diputada socialista Carmen Sánchez preguntó por escrito al Gobierno sobre un vuelo realizado el 24 de enero con destino a Yibuti, en el que se produjeron varios fallos técnicos.

El ex presidente de la Afaty aseguró que muchos de los militares que tuvieron que viajar en este tipo de aviones subcontratados aseguraron que los aparatos eran "una castaña".

CRITICAS A TRILLO

También criticó la actitud del ex ministro de Defensa Federico Trillo y afirmó que "nunca" ha explicado "las muchas contradicciones en las que incurrió" al hablar sobre el accidente.

Según Agulló, Trillo aseguró tras la catastrofe que existía un seguro de vida que cubriría los fallecimientos, "pero finalmente el dinero lo pagó Defensa".

El ex ministro también dijo que el avión había sido revisado por la OTAN, cuando "quien lo hacía era una empresa intermediaria".

Agulló indicó que las víctimas decidieron acudir a la Justicia por "dignidad" y porque "no podríamos vivir" sin investigar qué pasó.