"El fiscal pide la condena como autores pero no hayninguna prueba indiciaria que lo justifique", aseguró el abogado de Sáez y Ramírez.

El letrado Serrano hizo esta afirmación durante intervención en la novena y última sesión del juicio que la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional está celebrando por el error en la identificación de 30 de las 62 víctimas del Yak-42, el avión que se estrelló el 26 de mayo de 2003 en Trebisonda (Turquía), provocando la mayor catástrofe de la historia de las Fuerzas Armadas españolas en tiempos de paz.

Acudiendo a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, el abogado Serrano sostuvo que Ramírez y Sáez no pueden ser considerados "coautores" del delito continuado de falsedad en documento oficial que les atribuye la Fiscalía ya que no existió "un acuerdo previo" de actuación entre ellos y el principal acusado, el general Navarro.

El letrado reiteró que fue Navarro quien tuvo "todo el dominio" en las tareas de identificación llevadas a cabo en Turquía y añadió que todas las pruebas aportadas por el fiscal encargado del caso, Fernando Burgos, "no afectan" a sus clientes.

Asimismo, aseguró que sus defendidos no tuvieron ninguna capacidad de decisión sobre los hechos que, según el fiscal, determinaron los errores en las identificaciones. En este sentido, Serrano indicó que Ramírez y Sáez no intervinieron en la elaboración por parte de Navarro del listado en el que se atribuyó sin base una filiación a los 30 cadáveres que estaban sin identificar.

Abundando en este argumento, el abogado criticó que la "única base" del fiscal Burgos para atribuir a Ramírez y Sáez la corresponsabilidad en las identificaciones sea que "eran médicos, universitarios y estaban en sus plenas facultades mentales".

Por último, Serrano afirmó que sus clientes "no tenían ninguna prisa" por repatriar cuanto antes los cadáveres. "Ellos no deciden cuando se van a Turquía ni cuando vuelven a España, recibían órdenes", dijo.

Tras el letrado Serrano, intervinó en el juicio el representante de la Abogacía del Estado, José Luis Alcanta, quien defendió que no se puede atribuir al Estado una responsabilidad civil subsidiaria porque las aseguradoras "no firmaron ninguna poliza con el Ministerio de Defensa".

El fiscal Burgos pide cinco años de prisión para el general Navarro y cuatro años y medio para Ramírez y Sáez, al acusarles de un delito continuado de falsedad en documento oficial.

Los tres militares están acusados de este delito por haber faltado a la verdad cuando atribuyeron una filiación que no era la suya a 30 de las 62 víctimas del Yak-42, el avión que se estrelló en Trebisonda (Turquía) el 26 de mayo de 2003.