Estos datos fueron solicitados por la coalición tras detectarse el año pasado una serie de irregularidades contable e indicios de fraude, cuyo montante podría superar los 4.000 millones de pesetas.

Las irregularidades que afectaban a los tres centros mencionados se referían a la presunta existencia de cajas "b" o contabilidades paralelas así como a la compra, a precios desorbitados, de material eléctrico y electróico.

El diputado de IU Antonio Romero solicitó hace varios meses al Ministerio de Defensa, por la vía parlamentaria, la entrega de las auditorías encargadas por su titular, Julián García Vargas, para esclarecer las denuncias presentadas al efecto.

Sin embargo, según ha manifestado el parlamentario de IU, Defensa ha evitado su entrega, aludiendo a que "las auditorías son un elemento interno de trabajo".

Asimismo, Defensa manifestó que "sólo el Tribunal de Cuentas tendrá acceso a los estudios conómicos" realizados en las unidades de El Ferrol, La Carraca y Cartagena.

Esta respuesta del ministerio es, a juicio de Antonio Romero, "un abuso del Gobierno y un desprecio a la actividad parlamentaria".

A pesar de la negativa inicial de Defensa a hacer públicas las auditorías, Romero tiene la intención de solicitar esta misma semana a la Mesa del Congreso de los Diputados y a su presidente, Félix Pons, el amparo necesario para que sea la Cámara Baja quien de forma oficial solicite al ministroJulián García Vargas el informe completo de las auditorías.