El juez instructor adoptó el miércoles, día 5 de diciembre, esta decisión, que le fue comunicada al lehendakari el pasado martes, día 11 de diciembre, según informó hoy el Gobierno vasco en una nota.

Esta decisión, subraya el comunicado, es posterior a que se haya conocido a través de los medios de comunicación que el Plenario de la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha decidido la ilegitimidad penal de la Acusación Popular en los juicios abreviados cuando no exista acusación del Ministerio Fiscal y acusación particular.

La defensa de Ibarretxe entiende que si el magistrado juez instructor no espera a conocer la decisión del Tribunal Supremo "se está poniendo al lehendakari en una clara situación de indefensión, dado que esta resolución provocará que deba de archivarse el caso y, por tanto, que quede sin efecto el hecho de elevar la causa a la Sala para su enjuiciamiento".

Agrega el comunicado que si elmagistrado juez instructor persiste en su "incomprensible afán de llevar esta causa a juicio oral, a pesar de la doctrina que la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha anunciado que va a establecer, dejará en evidencia, una vez más, los impulsos políticos con los que han actuado hasta ahora algunos jueces y magistrados en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco".

Para la defensa del lehendakari esta causa penal es un "sinsentido" en la que los jueces "única y exclusivamente han atendido los criterios del Foro Ermua", a pesar de los "múltiples" pronunciamientos habidos tanto por parte del Tribunal Supremo, como del Tribunal Constitucional como de la propia Audiencia Nacional.

Reitera que este proceso "debe archivarse inmediatamente" y los responsables de haberlo iniciado y continuado "deben de reconocer sus errores y así devolver a la Administración de Justicia la independencia, la credibilidad y la estabilidad que necesita para llevar a cabo su función".