El nuevo reglamento establece varios principios fundamentales, entre los que destaca, en primer lugar, el tratamiento integral e los documentos, desde que se producen en las oficinas, hasta su ingreso en los archivos o su destrucción, por carecer de valores históricos o administrativos.

Para organizar esta labor, con el nuevo reglamento se crea una red denominada Sistema Archivístico de la Defensa, por medio del cual se regularán las transferencias de los documentos, el expurgo de los mismos, y los órganos responsables de la ejecución de todo el flujo de los documentos.

La nueva normativa desarrolla el principio constituional del libre acceso a los archivos y contempla las excepciones por razones de seguridad del Estado o de privacidad de las personas. Además, el reglamento establece pautas profesionales actualizadas para la conservación, clasificación, descripción y difusión del patrimonio documental militar español, así como para la destrucción de documentos.

Sobre este último particular, la normativa garantiza que no se perderá ninguna información que en el futuro pueda tener valor histórico, ni se destruirán docuentos que garanticen derechos ciudadanos o compromisos de la Administración.