En opinión del presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia, "no hay ninguna ley que prohiba hacer descuentos a los ciudadanos ni al propio Insalud. La actual legislación prohibe hacer rebajas, pero no descuentos, y nadie debería oponerse, por tanto, a que los farmacéuticos hagan uso de este libre ejercicio".

Petitbó, que participó en un curso de la Universidad Complutense sobre "La libertad económica en la práctica", dijo que "las rentas de monopolios implícitas en este riguroso sistema de regulación supera con toda seguridad los cien mil millones de pesetas, una cantidad que los ciudadanos podemos traspasar directa o indirectamente a través de renta o por importe".

El presidente del tribunal explicó que por la aplicación de descuentos la Seguridad Social obtendría un ahorro del orden del 10 por ciento,"una cantidad similar a la que lograrían los ciudadanos comprando los productos farmacéuticos en aquellos lugares que les ofrezcan mejores condiciones".

Defendió que esta liberalización no provocaría un consumo masivo de medicamentos porque "un farmacéutico no puede utilizar métodos que va en contra de los intereses públicos, no puede venderse un medicamento si no es con receta médica".

Tampoco consideró que dar más concesiones a titulados en Farmacia para abrir un dispensario vaya a provocar mayres ventas. "Es obvio que si uno tiene dolor de cabeza y no tiene una farmacia cerca no compra una aspirina, pero si la tiene cerca podrá tomarla", señaló.

Amadeo Petitbó, que consideró positiva la decisión del Ministerio de Sanidad y Consumo de aprobar un decreto que rebaje los beneficios de las oficinas de farmacia, apoyó el incremento de los salarios de los farmacéuticos, por estimar que "habría menos peticiones para abrir oficinas si estos profesionales estuvieran mejor pagados".