El ministro de Defensa, Eduardo Serra, señaló tras presenciar el comienzo de las demoliciones que esto situará a España "en la varguardia mundial en el desmantelamiento de este tipo de armas".

La destrucción de las minas, que se desarrollará en las instalaciones de las fabricaciones extremeñas (FAECS) de El Gordo (Cácers), supondrá un esfuerzo presupuestario por parte del Ministerio de más de 500 millones de pesetas, que se pagarán a lo largo de los 28 meses que durará el proyecto y en el que trabajarán 45 operarios.

Las minas se destruirán en un primera fase a través del despiece de sus principales componentes y posteriormente se procederá a la incineración de sus elementos explosivos al cumplir con la normativa medioambiental europea aprobada en España en julio de 1987.

La composición de los explosivos a razo de 5 kilos la hora, es, según el director general de defensa del grupo, "lo que limitará a 2.200 las minas que se pueden destruir al día".

Para Serra, España se sitúa a la cabeza del proceso desmantelador de las minas en el mundo y demuestra que en Extremadura "existe tecnología industrial punta para acabar con el dolor de las personas que sufren por culpa de las minas".

En referencia a las críticas recibidas por su Ministerio al no destruir las bombas de racimo (artefactos que se dividen en mulitud de proyectiles antes de impactar sobre su objetivo), el titular de Defensa matizó que estas bombas no están comtempladas dentro del acuerdo y que además se utilizan contra objetivos estratégicos, "y no contra la población civil".