El decreto preserva el derecho a la intimidad de estos ciudadanos y asegura la confidencialidad de sus datos en todas las actividades de acreditación, asistencia, prescripción y dispensación de medicamentos a que se refiere esta norma.

Según el texto del decreto, se considerará enfermos de sida a las personas diagnsticadas como tales por los servicios médicos, propios o concentados, del Sistema Nacional de Salud, "de acuerdo con los protocolos o criterios que existen en el Estado para definir 'caso de sida' a efectos de vigilancia epidemiológica".

Las Administraciones Sanitarias con competencias en materia sanitaria deberán adoptarar las medidas oportunas para facilitar la acreditación que permita a estas personas acceder a la prestación farmacéutica en las condiciones previstas en el decreto, con validez en too el territorio nacional.

Este decreto cumple con la Proposición no de Ley aprobada en 1993 por el Congreso de los Diputados, por la que se instaba al Gobierno a considerar a los enfermos de sida como crónicos, a efectos de la prestación farmacéutica.

Las medidas recogidas en la norma aprobada hoy se dirigen a los enfermos diagnosticados de sida y no a los protadores de anticuerpos que todavía no han desarrollado la enfermedad.

"La gravedad de las enfermedades infecciosas y de otro tipo que efinen su comienzo, su carácter recurrente y su cronicidad, hace de estos pacientes un colectivo de grandes necesidades terapéuticas y profilácticas durante años, en los que sus condiciones físicas y psicológicas están muy mermadas", señala el decreto.

Desde 1990, los hemofílicos que se contagiaron de sida al inicio de la epidemia por la utilización del factor VIII de cuagulación sanguínea ya disfrutaban de la consideración de enfermos crónicos.

La inclusión del sida entre las enfermedades crónics supondrá al Estado un gasto adicional de entre 1.500 y 2.000 millones de pesetas al año.