La presidenta del Congreso, Francina Armengol, explicó que “al haberse producido un empate, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 88.1 del Reglamento se realizará una segunda” y si persistiese el empate “se suspenderá la votación durante el plazo que estime razonable la Presidencia”.

En ese caso, Armengol apuntó que “se repetirá la votación” y, si se produjese de nuevo un empate, se entenderá “desechado” el dictamen del que se trate.

Debido a la excepcionalidad de que este Pleno se está desarrollando en el Senado y todas las votaciones son telemáticas, las nuevas votaciones serán con el mismo sistema, por lo que se habilitará un nuevo plazo para emitir el voto. Este proceso se realizará tanto para el decreto anticrisis como para la senda de déficit.

MEDIDAS ANTICRISIS

Quedan así en suspense las medidas del decreto, que incluye la rebaja del IVA de algunos alimentos básicos, la rebaja del IVA al 10% del gas y la electricidad aunque, en este caso, se eleva respecto al 5% en el que lo fijó el Gobierno en 2023– y otros descuentos fiscales del sector energético.

Asimismo, también se tambalean los descuentos en el transporte público, entre los que se incluyen la gratuidad para usuarios frecuentes de Cercanías, Rodalies, Media Distancia y líneas estatales de autobús, así como el descuento en Avant, y las rebajas complementadas por las comunidades autónomas en los transportes urbanos.

El Ejecutivo también introdujo en este decreto la subida de las pensiones contributivas en un 3,8%, así como incrementos en pensiones mínimas y de las no contributivas y del Ingreso Mínimo Vital (IMV), que será mayor, del 6,9%. También se incluyó la prórroga de la regulación actual de la jubilación parcial con contrato de relevo en la industria manufacturera hasta el próximo 31 de diciembre de 2024. Ambas medidas están pendientes de la nueva votación.

También lo está la suspensión de los desahucios y lanzamientos para hogares vulnerables –incluidos aquellos hogares afectados por procedimientos de lanzamiento de vivienda habitual, que no se deriven de contratos de arrendamiento– cuando existan personas dependientes.