El auto dictado por el uez el pasado 16 de febrero, al que tuvo acceso Servimedia, decreta, asimismo la apertura de juicio oral contra el arquitecto Juan Mínguez Gómez, Carlos García Yanes y Carlos Pinilla Utrilla, por falsedad. También, se abrirá juicio oral contra Anastassio Losada Aparicio, por estafa y contra Aravaca Somosaguas, S.A. y La Caixa, como responsables civiles subsidiarios.

Además, el juez acordó decretar la libertad provisional de todos los acusados a los que impuso una fianza de 250 millones de pesetas que endrán que depositar de manera solidaria para que puedan afrontra las responsabilidades pecuniarias que se puedan derivar del proceso judicial.

Asimismo, se decreta el sobresimiento de las actuaciones contra Antonio Díaz Jara, José Manuel O'Connor de la Oliva, Celso Pastor Gaiteiro, Manuel García Martínez, Lisardo Romero López, Jesús Fernández Arribas, Delfín Arbizu de Brito y Manuel Velázquez Lorenzo, por "no existir indicios racionales de criminalidad".

De ellos dice el juez en su auto que se tata de auténticos "hombres de paja" que trabajaban al servicio de Gómez Pinto o de Casals y que "se limitaban en la mayoría de los casos a cumplir estrictamente sus órdenes".

La presunta estafa perpetrada por los implicados se urdió a través de la sociedad Aravaca Somosaguas, cuya titularidad el juez atribuye a Gómez Pinto, quién convenció a los compradores de pisos de la urbanización "Las Terrazas" de que sus viviendas se entregarían en junio de 1991. En la actualidad tan sólo dos de los once edificis proyectados han sido construidos y ningunos de los servicios y construcciones anejas de la urbanización si responden al proyecto inicial.

Las obras se realizaron gracias a un préstamo millonario concedido por La Caixa. Ante el evidente retraso en la entrega de los pisos, Francisco Casals, responsable del Comité de Riesgos de la entidad financiera, convino con Pinto modificar las condiciones del préstamo hipotecario en el que debían subrogarse los compradores de las casas. Esos cambio se hicieron a epaldas de los compradores y supusieron un coste económico mayor del pactado.

Entonces, el arquitecto director de la obra, Juan Mínguez Gómez, el aparejador y administrador de la sociedad, Carlos García Yanes y Carlos Pinilla Utrilla, arquitecto de la sociedad de tasación de designada por La Caixa, emitieron falsas certificaciones que dejaban entrever que las obras habían concluido con el fin de desbloquear la entrega de 164 millones de pestas que La Caixa se había comprometido a prestar a Pinto al fializar el proyecto.

La Caixa accedió a la entrega anticipada del dinero y entonces, Pinto ya no tuvo la necesidad de concluir las obras. Por su parte, los representantes de legales de La Caixa presentaron un recurso de reforma contra el auto judicial que imputa delitos de falsedad y estafa a su directivo por entender que la entidad no fue beneficiaria de la operación sino "graves quebrantos económicos".

A raiz del escándalo de "Las Terrazas" se descubrió también que el diputado socialistas José Mría Mohedano conducía habitualmente un Jaguar propiedad de una empresa constructora de Pinto Fontán.

El descubrimiento de este hecho provocó la dimisión de Mohedano como secretario adjunto del Grupo Parlamentario Socialista. El coche fue embargado en mayo de 1993 por culpa de la deudas contraídas por New Techno, la empresa propietaria. Mohedano utilizó el vehículo durante cuatro años incluso durante trese meses después de que fuera embargado.