En un auto hecho público hoy, la Audiencia estima el recurso interpuesto por la defensa de uno de los implicados y declara la nulidad de los 'pinchazos' telefónicos y la validez de las pruebas obtenidas en 8 registros domiciliarios a partir de la información recogida en las grabaciones, además de ordenar la libertad de siete de los detenidos.

La nulidad, ue ha causado un gran malestar en medios policiales, se basa en una omisión del magistrado que dictó la orden de intervención, Julián Sánchez Melgar, que olvidó especificar los motivos de su decisión y su necesidad para la investigación criminal.

"Una injerencia en el domicilio o en el secreto de las comunicaciones o en cualquier otro derecho fundamental, aunque ordenada por la autoridad judicial, es ilegal si no es adoptada en resolución motivada en que se exprese, siquiera sucintamente y sin agotaminto o exhaustividad, los motivos de la decisión y su necesidad en orden a la investigación criminal que se adopte", cita el texto de la resolución.

La omisión judicial puede suponer que toda la operación policial, en la que se incautaron 2 kilos de heroína, 12,5 millones de pesetas y 5 automóviles valorados en 7 millones, queden sin reconocimiento en los tribunales.