El Ejecutivo que preside el socialista Francesc Antich fundamenta la urgencia en los documentos presentados por el Consell Insular de Menorca y en el informe jurídico emitido por la Dirección General de Administraciones Públicas de la Consejería de Presidencia.

En estos documentos, la declaración de urgencia se basa en circunstancias excepcionales que vienen motivadas por "situaciones de amenaza medioambiental y de riesgo físico para las personas, originados por una carencia de regularización de uso del camino".

Durante el periodo de información pública al cual fue sometido la solicitud de declaración de urgencia se presentaron cinco alegaciones, tres de las cuales se desestimaron de acuerdo con el informe jurídico antes mencionado de la Dirección General de Administraciones Públicas.