El ex jefe de seguridad del Gobierno andaluz está acusado de ejecutar y recaudar fondos mediante la concesión de servicios de seguridad a empresas, previo pago de comisiones.

Además de Manuel Gutiérrez, prestaron declaración dos socios de la empresa de seguridad Impiasa presuntamente implicados en esta trama.

Estas declaraciones están encaminadas a esclarecer el presunto pago de una factua falsa al Ejecutivo autónomo, cuyo importe supera los 40 millones de pesetas. La factura fue emitida por la empresa Impiasa en junio de 1990 por unos supuestos informes técnicos y sin recibir en realidad nada material a cambio.

El portavoz del Gobierno andaluz, José Nevado, negó en su día que esta factura fuera falsa y sólo respondía a los servicios que la empresa de seguridad prestó en el seguimiento de las elecciones autonómicas de 1990.

Manuel Gutiérrez Copado fue cesado recientemente por ordn de la Consejería de Gobernación de su cargo como jefe de seguridad de la Junta de Andalucía. Según fuentes del Ejecutivo andaluz, esta destitución está relacionada con su implicación en el proceso judicial que instruye la magistrada del "caso Ollero".

Gutiérrez Copado ha sido destinado a la Escuela Andaluza de Policía y su puesto ha quedado momentáneamente vacante hasta la creación de la futura policía autónoma andaluza.