La propuesta recibió el voto en contra de PP, CiU y Coalición Canaria, la abstnción de PNV y Grupo Mixto, y el único respaldo de socialistas e Izquierda Unida. Los populares ya habían argumentado su voto contrario en las dudas sobre la constitucionalidad de esta medida.

La idea era incluir en la legislación electoral la posibilidad de quitar el escaño a quienes realicen actuaciones u omisiones "que supongan una manifiesta deslealtad hacia la candidatura o la formación política con la que concurrieron a las elecciones".

Se podría aplicar cuando esas actuaciones supusieran dslealtad al electorado, fraude a la representación conferida y desnaturalización del resultado electoral, siempre que no estuviera motivado exclusivamente en consideraciones sobrevenidas que afecten a la libertad ideológica.

El mecanismo barajado por los socialistas era que el partido o candidatura en la que iba el diputado requiriera a la Junta Electoral Central la devolución del escaño y que fuera este organismo el que resolviera con urgencia, siendo la última palabra siempre del Tribunal Constitucinal.

El PP y sus socios parlamentarios rechazaron esta propuesta, así como todas las medidas presentadas por el PSOE para mejorar la calidad de la democracia y aumentar la transparencia de la política ante los ciudadanos.

Entre esas medidas figuraba el desbloqueo de las listas electorales, el endurecimiento de las incompatibilidades de los cargos públicos y electos, la elección parlamentaria del director general de RTVE, y un nuevo Estatuto Fiscal que garantice la imparcialidad del fiscal general