Esta propuesta, presentada tras el Debate sobre el Estado de la Nación, resalta la necesidad de dar continuidad al plan de acción vigente desde 1997 y que finaliza este año, para proseguir el desarrollo de acciones en colaboración con las diferentes administraciones y acciones implicadas.

La resolución, que ha salido adelante con el apoyo de PP, CiU, y Coalición Canaria, pide al Ejecutivo que modifique la LISMI antes de un año, y lo haga "actualizándola bajo el enfoque de la igualdad de oportunidades y la no discriminación".

Asimismo, la propuesta, aprobada en forma de enmienda transaccional consensuada entre PP y CiU, anima al Gobierno a trsponer la directiva comunitaria relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato, empleo y ocupación.

El PP ha incluido en esta transaccional, con algunas matizaciones, la propuesta de resolución elaborada por el Grupo Catalán para la igualdad de oportunidades de las personas discapacitadas, en la que aboga por profundizar en un plan de empleo específico para este colectivo.

Esta propuesta reclama también la presentación en el próximo periodo de sesiones del Libro Blanco e la Accesibilidad, y la elaboración de un proyecto de ley de no discriminación y acceso universal de estas personas.

Además, invita al Ejecutivo a estudiar, CiU proponía "aplicar", la propuesta de directiva transversal de no discriminación que propone el Foro Europeo de la Discapacidad (EDF), y a continuar el respaldo a la futura convención para la protección de sus derechos que promueva la ONU.

Por último, quieren que el Gobierno realice un programa de actividades con motivo de la celebración, n 2003, del Año Europeo de las Personas con Discapacidad.

El Pleno del Congreso rechazó el resto de las propuestas sobre discapacidad incluidas en la iniciativa del PSOE sobre política familiar, y la de Izquierda Unida para apoyar a las personas mayores y dependientes.

FONDO PARA CREAR EMPLEO

El PSOE exigía al Gobierno que dote presupuestariamente el Plan de Acción para las Personas con Discapacidad e impulse el cumplimiento de las leyes y mecanismos que favorezcan la prevención, asistencia e itegración de estas personas.

Sugería además la constitución de un fondo estatal para la creación de puestos de trabajo destinados a los discapacitados físicos, pisíquicos y sensoriales, y se incrementen los recursos destinados al Plan Nacional de Inclusión Social.

Los socialistas reclamaban, por otro lado, que el Gobierno adopte las medidas necesarias para garantizar la cobertura del Servicio de Ayuda a Domicilio de al menos un 60 por ciento de la población dependiente, y se ofrezca un apoyo altenativo para los supuestos de dependencia moderada del que se beneficien como mínimo un 10 por ciento de estas personas.

Otra de las medidas que contiene esta propuesta es dar la consideración de escuelas de educación especial gratuitas a los centros de atención a discapacitados psíquicos con una minusvalía superior al 20 por ciento, independientemente de la edad de los usuarios.

También pedía al Gobierno que amplíe hasta 26 semanas el permiso por nacimiento cuando el hijo tiene una discapacidad,la prolongue hasta los 12 meses cuando se trate de una minusvalía severa.

La propuesta de resolución del PSOE incluía también un plan de atención a las personas en situación de dependencia derivada de enfermedades degenerativas, crónicas, o mentales, con recursos suficientes para hacer posoble su aplicación en cualquier parte del territorio.

La elaboración de un Plan Nacinal de Salud Mental es otra de sus reivindicaciones, con la que pretende armonizar los recursos asistenciales mínimos y aporta los recursos económicos necesarios para que los enfermos mentales "puedan ser tratados dignamente en cualquier parte del territorio nacional".

INTEGRACION LABORAL

Izquierda Unida defendió una propuesta de resolución sobre personas mayores y dependientes en la que urge al Ejecutivo a coordinar las políticas necesarias para coordinar la atención y cuidado a este colectivo, promover la prevención de las minusvalías, la instauración precoz de un tratamiento integral, la rehabilitación y la integración aboral sin desarraigo de su entorno socio-familiar.

La iniciativa de IU resalta el derecho a la atención domiciliaria y en centros diurnos especializados, o a una plaza residencial o asistida a todas las personas mayores que requieran de atención y cuidados sociales y sanitatrios, y que no dispongan de rentas propias suficientes para garantizarlos.

DEPENDENCIA

CiU había enmarcado en el ámbito de las pensiones otra iniciativa sobre atención a la dependencia, con la que reclama al Gobierno que reita antes de finalizar este año un informe sobre la política en esta materia para los próximos en el marco del Sistema de Protección Social, que incluya un catálogo de derechos y prestaciones básicas.

El Grupo Catalán insistía en la necesidad de impulsar un debate social y político sobre los ejes de la política de atención a la dependencia, a fin de desarrollar una política estable y sostenida de atención a las personas dependientes. Esta propuesta fue rechazada.