Concretamente, la resolución popular insta al Gobierno a colaborarcon otras administraciones públicas y con organizaciones sociales no lucrativas para favorecer la integración social de las personas discapacitadas.

Como ejemplos de estas actuaciones, el texto propone apoyar la eliminación de las barreras existentes, tanto físicas como en el transporte o la comunicación, que dificultan a los discapacitados el desarrollo de una vida normal, así como fomentar la oferta de nuevas tecnologías de rehabilitación.

Sobre este mismo asunto, el pleno rechazó una propuestade resolución de Unió Valenciana que pedía la presentación a la Cámara, en el plazo de tres meses, de un proyecto de ley de integración socio-laboral de los discapacitados.