La iniciativa defendida por la diputada de EA Begoña Lasagabaster fue rechazada por 302 votos, frente a 36 y 1 abstención, mientras que la defendida por el portavoz de ERC, Joan Puigcercós, cosechó 36 votos favorables, 300 en contra y 4 abstnciones.

ERC pedía en su texto que, "de acuerdo con los pactos suscritos y ratificados por el Estado español en lo que se refiere a derechos civiles y políticos, y con los pactos de derechos económicos, sociales y culturales aprobados en 1966 por la Asamblea General de la ONU", se reconozca el derecho de autodeterminación de los pueblos que componen el Estado.

Eusko Alkartasuna exigía que se respete el derecho que asiste a los pueblos que integran el Estado de "decidir libremente su futuro" y de utodeterminarse, también con arreglo a la doctrina de Naciones Unidas.

Por su parte, el PNV, que defendió en su programa electoral para las elecciones autonómicas celebradas el 13 de mayo el derecho de autodeterminación, no ha presentado ninguna resolución específica al respecto.

En cambio, el PNV sí que ha presentado una batería de tres resoluciones dirigidas a conseguir la pacificación de Euskadi. Proponía, en esta materia, impulsar las relaciones institucionales y partidistas y abrir espacios e negociación que superen la tentación frentista y propicien "la reconciliación por la vía del diálogo".

Igualmente, proponía en otra resolución que se tomen las medidas necesarias para garantizar un espacio de convivencia en paz, libertad y respeto a los derechos humanos, asegurando la presencia del Gobierno vasco en el denominado Tercer Pilar de la Unión Europea, relativo a asuntos de justicia e interior.

Ambas propuestas de resolución resultaron derrotadas en la votación del Pleno del Congresopor 37 votos a favor, 302 en contra y 1 abstención. Además del apoyo del PNV, estas iniciativas contaron con la aprobación de CiU, el Grupo Mixto e IU.

Lo más curioso, sin embargo, fue el rechazo de la tercera resolución propuesta por el PNV en la que instaba al Gobierno a dar cumplimiento al acuerdo aprobado por unanimidad en el Congreso el pasado 10 de noviembre de 1998, relativa la flexibilización de la política penitenciaria y al recurso al diálogo como método de alcanzar la paz en el País Vasco. En ese acuerdo alcanzado hace cerca de tres años se pedía al Ejecutivo "una nueva orientación, consensuada, dinámica y flexible" de la política penitenciaria "en la forma que mejor propicie el final de la violencia".

Además, el acuerdo aprobado en 1998 pide que "la solidaridad con las víctimas de la violencia y sus familiares se plasme en acciones concretas y efectivas en el marco de la máxima colaboración entre las instituciones", y que "el diálogo, el consenso y el respeto a los principios democáticos y a las legítimas opciones políticas de los ciudadanos rija todo el proceso, que debe conducir al fin de la violencia terrorista, y evite actitudes de enfrentamiento entre posiciones ideológicas distintas".