Según una normativa aprobada en marzo por la Agencia de Protección de Datos (APD) y que entraron en vigor a principios de julio, en la mayoría de los edificios estos datos deben destruirse un mes después de ser pedidos, y seis meses después en los casinos o bingos.

Este precepto legal, conocido como "Instrucción 1/96" de a APD, afecta tanto a los datos contenidos en el Documento Nacional de Identidad como a las imágenes o sonidos tomados en los controles de acceso de los edificios, sean estos de propiedad pública o privada.

También entra dentro del ámbito de aplicación de esta norma la información pedida a los ciudadanos para poder acceder a establecimientos, espectáculos, certámenes o convenciones.

La "Instrucción 1/96" exige a los propietarios de los edificios o instalaciones donde exista control de acceso que o utilicen los datos que piden a sus visitantes más que para este fin, y les avisa que pueden ser sancionados si incumplen este extremo.

Las sanciones previstas son de carácter administrativo para los organismos públicos, o multas de entre 100.000 y 100 millones de pesetas para las entidades privadas.

Según ha podido comprobar Servimedia, algunos organismos públicos como el Banco de España ya han colocado a la entrada de sus dependencias una circular en la que se garantiza el cumplimiento de la nrmativa de la APD.

Asimismo, el Casino Gran Madrid, uno de los mayores de la comunidad madrileña, tiene constancia de este precepto legal y lo aplica desde que entró en vigor, lo que supone que destruye el número del DNI o del pasaporte que pide a sus clientes a la entrada.

Por el contrario, un alto cargo del Ministerio del Interior consultado dijo desconocer la normativa de la APD y explicó que el sistema para tomar los datos personales difiere en los distintos órganismos dependientes de este miisterio, como la Policía Nacional o la Guardia Civil.