Este decreto, aprobado en Consejo de Ministros el 14 de enero del pasado año, ofrece a los empresarios una serie de medidas alternativas al cumplimiento de la cuota de reserva del 2 por ciento a favor de trabajadores discapacitados en empresas de 50 o más trabajadores.

Dancausa hizo estas declaraciones hoy en Toledo, durante su participación en la "Jornada sobre Política de Discapacidad", organizadas por el Partido Popular de Castilla-La Mancha.

"El decreto de medidas alternativas no ha tenido el suficiente impulso. Las empresas, además de buscar el legítimo beneficio, tienen una responsabilidad social que cumplir", afirmó la secretaria general de Asuntos Sociales.

Durante su intervención, Concepción Dancausa señaló que la política del Gobierno en materia de iscapacidad tiene tres objetivos claros: fomentar el empleo, elaborar un nuevo marco jurídico y elaborar un plan estatal de accesibilidad.

Respecto al empleo, Dancausa hizo un repaso de las políticas en favor de las personas con minusvalía llevadas a cabo por el PP desde su llegada al Gobierno. Recordó el acuerdo sobre empleo firmado en 1997 con el Comite Español de Representantes de Minusválidos (CERMI) y el alcanzado con la Fundación ONCE hace dos años. Ambas iniciativas han sido un éxito, pero no dbemos quedarnos atrás y tenemos que seguir avanzando".

Además, la secretaria de Asuntos Sociales dijo que el Gobierno incluye anualmente políticas específicas de fomento de empleo para las personas con discapacidad en los planes nacionales de empleo, que se presentan cada año a las autoridades de Bruselas.

En referencia al Plan Nacional de Accesibilidad, Concha Dancausa explicó que será presentado en los primeros meses del próximo año. Este plan será posible gracias a un informe realizado por la niversidad Autónoma de Barcelona para dar una respuesta integral y, conjuntamente con las comunidades autónomas, soluciones a la eliminación de todo tipo de barreras.

Dancausa se refirió también a la nueva normativa que está elaborado el Ejecutivo y que sustituirá a la Ley de Integración Social del Minusválido (LISMI). "Fue una buena ley, pero que no recoge muchas de las necesidades actuales, como por ejemplo, las tres directivas comunitarias sobre no discriminación, y nuevas medidas de accesibilidad niversal, que debemos incluir en el nuevo texto", aseguró Concha Dancausa.

Por último, la secretaria general de Asuntos Sociales indicó que desde el partido, el Gobierno y el PP se busca el mayor consenso social para sacar adelante la nueva normativa y dijo que actualmente se está trabajando de manera "fructífera" con el CERMI.