Según las mismas fuentes, quienes mostraron sus reticencias a dicha limitación fueron el fiscal jefe Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, el inspector fiscal, Juan José Martínez Zato, y Juan José Martín-Casallo, de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo.

Así, tanto Jiménez Villarejo como Martín-Casallo semostraron contrarios a limitar el mandato de determinados cargos de la carrera fiscal. Hay que recordar que la jefatura de la Fiscalía Anticorrupción sería una de las afectadas por dicha medida.

Por su parte, Martín-Casallo manifestó sus dudas sobre a partir de qué fecha debería contar dicho mandato limitado. Es decir, planteó si a partir de la entrada en vigor de la reforma deberían cesar todos aquellos fiscales de primera categoría que ya hubiera cumplido cinco años en el cargo, o, por el contrario,deberían hacerlo transcurrido ese plazo.

Sin embargo, estas discrepancias no impidieron que la mayoría de los fiscales que asistieron a la reunión se mostraran conformes a esta medida limitadora del mandato de determinados cargos y realizaron dos propuestas, según una nota de prensa difundida esta tarde por la institución que dirige Jesús Cardenal.

La primera consiste en que los acuerdos del Consejo Fiscal en materia de ascensos y sanciones tengan carácter vinculante, tendiendo en cuenta que se tata del órgano de gobierno de la carrera fiscal.

Además, propusieron que para el nombramiento o cese de un fiscal jefe se cuente con un número mínimo de votos favorables dentro del Consejo Fiscal.

Respecto del artículo que se refiere al deber del Ministerio Público de informar a la opinión pública de los acontecimientos que tienen lugar en sede judicial, se ha propuesto que esta labor se atribuya al fiscal jefe correspondiente o a un subordinado que éste designe.

Dicho deber de información ala opinión publica debería extenderse, no sólo a los procedimientos judiciales en los que participe la fiscalía, sino también a las diligencias que se tramiten en las distintas fiscalías.

La Junta de Fiscales también se mostró partidaria de crear una figura para colaborar con los máximos responsables de aquellas fiscalías con gran volumen de trabajo.

La elección de este fiscal delegado debería provenir del fiscal jefe correspondiente, de modo que fuera nombrado por el fiscal general del Estado, pevio informe del Consejo Fiscal.

Eso sí, según la Junta de Fiscales, este nombramiento por parte del fiscal general del Estado deberá estar motivado, exigencia aplicable también en caso de que, en este caso, Cardenal se negara a seleccionar al candidato propuesto.

Además, el mandato de esta figura no deberá estar vinculado al del fiscal jefe que lo proponga, según la nota difundida hoy por la Fiscalía General del Estado.