El Ejecutivo se muestra conforme con las líneas básicas de actuación que contempla el documento elaborado por la Comisión Europea para orentar las políticas de empleo de los Estados miembros en 1998.

Dichas líneas, orientadas hacia la creación de empleo y la generación de un entorno macroeconómico estable, se resumen en los siguientes ejes: la creación de una nueva cultura empresarial y del empleo; fomentar la adaptabilidad, es decir, una organización del trabajo y las empresas más flexible a los cambios; y reforzar las políticas de igualdad de oportunidades.

En este último capítulo es en el que España hara hincapié -ya lo ha hech en las reuniones preparatorias de la reunión europea- para que la "cumbre" incluya a los discapacitados como un colectivo a tener en cuenta a la hora de corregir desigualdades, y evitar que este debate se ciña a las diferencias entre hombres y mujeres.

En los encuentros previos a la "cumbre", las autoridades españolas han encontrado un eco favorable a estas propuestas en buena parte de los Estados miembros, y no se descarta que incluso sea incorporado directamente al documento corregido que lleve la omisión al encuentro de Luxemburgo.

El Gobierno español aprobó recientemente un Plan de Empleo para Personas con Discapacidad que incluía, entre otras medidas, incentivos económicos a la contratación de este tipo de trabajadores, como el aumento de la subvención del coste salarial de 500.000 a 650.000 pesetas por contrato indefinido, y su extensión a los contratos de trabajo a tiempo parcial.

También redefine el actual modelo español de Centros Especiales de Empleo, calificando como tales a las epresas con una plantilla de discapacitados de al menos el 70% del total de trabajadores, frente al 100% que se venía exigiendo hasta ahora.

Igualmente, se incluyen medidas para que tanto el sector público como el privado cumplan el requisito de que el 2% de su plantilla se reserve a trabajadores discapacitados, tal y como exige la ley.