Según fuentes de la delegación epañola, el motivo de que España busque evitar un acuerdo sobre este aspecto está en que aquí la cifra de parados de larga duración es muy superior al de los países del norte europeo.

Mientras que en dichos países no supondría un esfuerzo reducir en un porcentaje concreto su tasa de paro de larga duración, en España este colectivo es de 1,6 millones de personas, y asumir compromisos representaría fuertes cargas presupuestarias.

Además, desde la Administración española se apuesta con más fuerza pormedidas que incentiven la creación de empleo creando las condiciones de estabilidad económica que animen a los empresarios a invertir y a contratar a personas.

El Gobierno español se muestra optimista para lograr un grupo de fuerza con otras potencias, como Alemania y el Reino Unido, que eviten o al menos flexibilicen la cuantificación de objetivos que propone la Comisión, con el apoyo fundamentalmente de los países del norte de Europa.

Desde la delegación española se insiste en que esta postura o significa renunciar a la creación de empleo, y apuntan que España ha sido el primer país que ha presentado un Plan Plurianual con medidas muy concretas y objetivos claros, como la creación de un millón de puestos de trabajo en cuatro años y la reducción de la tasa de paro al 17% de la población activa.

En este sentido se inscriben también las reservas del Gobierno español sobre la idea de ampliar la "vigilancia multilateral" a las políticas de empleo.

Esta vigilancia, que consiste en que la UE ometa a examen periódicamente a cada país sobre el cumplimiento de los objetivos que se marquen, se viene aplicando ya para comprobar el nivel de cumplimiento de las exigencias de Maastricht, pero según España, el empleo no es aún un criterio de convergencia y, por tanto, no tiene por qué someterse a dicha vigilancia.

Respecto al debate suscitado en la Unión por Francia acerca de la rebaja de la jornada laboral a 35 horas, ni el Gobierno español ni muchas de las delegaciones que acuden a la cumbre tieen perfilada una postura, y expresan su escepticismo sobre la posibilidad de que salgan compromisos concretos en esta materia.

Uno de los ejes sobre los que se pretende que gire la política de empleo de la UE a partir de 1998 se centran en la creación de una nueva cultura empresarial y del empleo: en el primer caso, dando facilidades a la gestión y creación de empresas con un régimen fiscal favorable incluido, y en el segundo, introduciendo mayores esfuerzos de formación a los parados, sobre todo de lrga duración y jóvenes.

También forman parte de esas directrices, una modernización de las organización del trabajo de acuerdo a las condiciones cambiantes del mercado, y unas condiciones más favorables para la inversión de las empresas en recursos humanos cualificados. A estos criterios generales se suma el refuerzo de las políticas de igualdad de oportunidades.

En este capítulo, España pretende incluir la consideración de los discapacitados como colectivo de dificil acceso al mercado laboral, cn la necesidad de adoptar criterios que incentiven la contratación de este tipo de personas.