La FAP (Federación para la Protección de la Propiedad Intelectual) afirmó en un comunicado que el Ejecutivo ha acordado "a última hora" introducir en la ley, actualmente en trámite parlamentario, el artículo 161, "que obligaría a levantar las medidas anti-copia con que se protegen los soportes audiovisuales, como por ejemplo los DVD que se distribuyen en el mercado, con el fin de de que cualquier usuario pudiera hacerse hasta tres copias para su uso privado de una obra audiovisual".

La FAP dice que esta medida "arruinaría definitivamente al mercado del vídeo doméstico", sector que ya viene padeciendo unas pérdidas muy significativas a causa de la piratería.

A su juicio, la ley, lejos de contribuir a reducir la piratería, incrementaría el número de copias no autorizadas y podría acabar, en un par de años, con los 30.000 puestos de trabajo que genera solo el sector del vídeo doméstico.

La FAP dice que el artículo 161 vulnera la propia directiva cuya transposición pretende la ley. En su opinión, la copia privada no puede ser un "derecho" de los usuarios, sino un límite del derecho de los titulares a autorizar la reproducción de sus obras que debe operar como defensa frente a lo que de otra manera sería una infracción de los derechos de propiedad intelectual.

Recuerda que la legislación de cada uno de los países de la Unión Europea que han traspuesto ya la directiva contempla en todos los casos que la copia privada pueda realizarse en cualquier formato pero no a partir de cualquier formato, debiendo cumplir los requisitos de la llamada "regla de los tres pasos": que con ello no se cause un perjuicio injustificado al titular ni vaya en detrimento de la normal explotación de las obras a que se refiera.

La FAP cree que la copia privada debe limitarse a las que se realizan a partir de las emisiones en televisión o del producto libre de protecciones anti-copia. "Cualquier otra situación acabaría con el sector y comprometería muy seriamente el futuro de la industria cinematográfica", añadió la nota.