La directiva establece un sistema de protección de las medidas tecnológicas empleadas para proteger las obras y de la información para la gestión de los derechos presentada en forma electrónica. Sgún Cultura, las medidas tecnológicas constituyen una herramienta complementaria, aunque de importancia capital, para asegurar la protección de las obras y prestaciones en el contexto de la sociedad de la información.

Así, la directiva establece disposiciones que protegen no sólo contra la elusión de las medidas tecnológicas utilizadas por los titulares de derechos para proteger sus obras, sino también contra los actos preparatorios y auxiliares de dicha elusión.

Las modificaciones que se propone vienen impuestas, según Cultura, por la necesidad de mejorar el actual sistema de gestión de los derechos de propiedad intelectual, al objeto de reducir los elevados índices de conflictividad que se han venido produciendo durante los últimos años, dotando al sistema de unas normas de funcionamiento basadas en los principios de simplificación y transparencia en la gestión, lo cual redundará en beneficio de todos los sectores interesados.

Dentro de esta modificación se produce una profunda reforma de l Comisión de Propiedad Intelectual, potenciando sus funciones con la finalidad de convertirla en una pieza clave del sistema de gestión de derechos como órgano de resolución de conflictos, con el objeto de trasladar a la misma gran parte de los problemas que hoy día se solventan en largos y costosos procesos ante las instancias judiciales, dando así cumplimiento exacto a la moción del Congreso de los Diputados de junio de 2002, aprobada por todos los grupos parlamentarios.

En cuanto al régimen de las ntidades de gestión de derechos, la reforma establece una serie de obligaciones de información respecto a titulares de derechos y a usuarios, con lo que se pretende facilitar la propia gestión interna de las entidades y dar fluidez y transparencia a las relaciones de éstas tanto con los usuarios y titulares cuyos derechos gestionan como con las administraciones públicas.

Así, entre otros aspectos, las entidades ajustarán necesariamente sus sistemas contables a las normas establecidas para las entidade sin fines lucrativos y depositarán sus cuentas anuales en el registro mercantil. Igualmente, tendrán carácter público los repertorios y las tarifas generales de dichas entidades.