Comas dijo en rueda de prensa que hoy no apoyaría esta operación, que ha costado un total de 82 millones de pesetas porque Bienestar Social tuvo que asumir el pago del crédito, aunque no aclaró el motivo por el que concedió la ayuda para el proyecto.

El consejero aseguró que no había recibido ninguna preión de Cullell para aprobar la concesión del aval y negó que existieran incompatibilidades por el hecho de que el propietario de los terrenos comprados por el Ayuntamiento de Sant Pere de Torelló fuera cuñado del ex titular de Política Territorial y hermano de la mujer de éste, Maria Angels Vilaró, que a su vez trabaja en la consejería de Bienestar Social como jefa del programa de atención urgente a los disminuidos.

Antoni Comas insistió ante la prensa en que la actuación de su departamento fue de "aboluta correción" en el llamado 'caso Cullell', por el que dimitió en noviembre pasado el ex consejero, y consideró que diversas manifestaciones que le involucraban en el asunto eran "filtraciones interesadas" de algunos miembros de la comisión parlamentaria que investiga el caso.

Según dijo, Bienestar Social tenía interés en los terrenos de Sant Pere de Torelló para construir en ellos un centro de reinserción para "jóvenes de alto riesgo social o ex drogadictos", centros especiales de trabajo para disinuidos o una residencia temporal para ancianos.