Cuevas presentó hoy su informe ante la Asamblea General ordinaria de la CEOE, en el que todo fueron duras críticas para el anterior Ejecutivo de Felipe González y buenas palabras para el nuevo Gobierno de Aznar.

El responsable de CEOE comenzó su intervención felicitando a Aznar y ofreciendo "nuestro mayor compromiso de colaboración con las nuevas autoridades", para pasar después a analizar la situación actual de la economía española, que, a su juicio, está llena de "claroscuros".

Cuevas se refirió sobre todo al "más importante problema" de España, el paro, y dijo que "resulta un sarcasmo que haya políticos que apelen a la conservación del llamado por ellos estado del bienestar, cuando al parecer ese bienestarha consistido en batir todos los récords de paro del mundo occidental".

Recordó que cuando el PSOE llegó al poder, a finales de 1982, el paro afectaba al 16,4%, según la Encuesta de Población Activa (EPA), mientras que al día de hoy esa tasa se sitúa en el 22,1%, a pesar de haber vivido en estos años momentos de una gran prosperidad económica y de haberse creado en estos trece años 600.000 nuevos empleos para funcionarios.

A su juicio, "el paro ha sido, con toda evidencia, uno de los grandes fracsos de la Administración saliente". Cuevas criticó que los mismos políticos que no han sabido solucionar el desempleo "quieran explicarnos ahora que el paro es una maldición divina que nadie podrá reducir" y que es necesario repartir el empleo.

El representante de los empresarios indicó que la reducción de jornada "no debe hacerse nunca por decreto" y advirtió que si se hace el aumento de los costes laborales perjudicaría a la competencia de las empresas y "hundiría a muchas de ellas", con lo que se gneraría más paro.

Cuevas destacó la necesidad de participar "activa y comprometidamente" en el diálogo social ofrecido por Aznar para buscar soluciones al paro. "No es nuestro propósito exigir al Gobierno decisiones unilaterales", aclaró Cuevas, al tiempo que afirmó que "el diálogo social es un acerbo que debemos recomponer a toda costa, y si no se respeta a las organizaciones de empresarios y trabajadores, ello no será posible".

CONTRATOS Y DESPIDO

El presidente de la CEOE dijo que es indispenable un crecimiento económico estable, pero matizó que no es suficiente para crear más puestos de trabajo. Para Cuevas, la modernización del mercado de trabajo "es imprescindible para crear empleo y fortalecer la economía y, con ella, nuestros sistemas de protección social".

En concreto, Cuevas defendió un replanteamiento de los procedimientos de contratación y del despido, cambios en la formación de los salarios y la ordenación del tiempo de trabajo y una formación adecuada a las necesidades de la prducción, así como un estudio de los efectos sobre el empleo de las cotizaciones y prestaciones sociales y una rebaja de las cargas fiscales para las empresas.

Además del paro, Cuevas destacó otros problemas que es necesario resolver, como conseguir un crecimiento estable de la riqueza nacional, integrar a España en la moneda única, lograr el reequilibrio financiero de las cuentas públicas, reorganizar las administraciones públicas, reformar el modelo de educación y formación, adaptándolo a los requeriientos de las empresas, y recuperar la credibilidad de la función pública, dañada por la proliferación de casos de corrupción.

También resaltó la necesidad de adaptar el sistema de solidaridad social y de las prestaciones a las nuevas circunstancias. Sobre este asunto, dijo que las pensiones, la sanidad y el desempleo "debe mantener su carácter público", pero matizó que ello no significa excluir o anular iniciativas privadas.

Cuevas abogó, además, por una revisión del papel del Estado en la econoía y valoró positivamente el plan de privatizaciones propuesto por el Gobierno de Aznar. También se mostró partidario de completar el desarrollo autonómico desde la óptica de la corresponsabilidad fiscal, pero "con plena salvaguarda de la unidad de mercado".

En su opinión, "todas las empresas que operan en el territorio nacional deben estar sometidas a condiciones laborales, sociales, fiscales o financieras equivalentes. Las comunidades autónomas deben tener la posibilidad de garantizar esa equivalenca, y el Gobierno de la nación la responsabilidad de mantener dicha garantía".