Cuevas, que presentó hoy en rueda de prensa un informe sobre "La competitividad de la empresa esañola en el contexto de la plena integración en la moneda única", apuntó que los menores ingresos que provocaría esta reducción de cuotas podrían compensarse aumentando otros impuestos, entre los que citó el IVA.

El representante de los empresarios insistió en que cada vez está más claro que el principal factor de condicionamiento del empleo es el coste salarial y el coste de la Seguridad Social. Cuevas aseguró que las cuotas de los empresarios españoles a la Seguridad Social representan el 27% de tods los impuestos, frente al 17% de media en la Unión Europea (UE).

"Si de verdad en 1998 se quiere hablar del año del empleo y transformar más eficazmente el crecimiento de la economía en empleo de más calidad, debe fijarse una política presupuestaria donde se dé prioridad al empleo adaptando los costes empresariales a la Seguridad Social en España a la media europea o iniciando esa adaptación", afirmó.

Cuevas, que anunció que mañana o pasado se reunirá con el ministro de Economía, Rodrigo Rato, pra hablar sobre los Presupuestos del 98, apuntó que el ritmo de reducción de las cotizaciones debe fijarlo el Gobierno, pero aseguró que "cuanto más se avance en ritmo y cuantía, más se avanzará en empleo".

Según Cuevas, hay margen suficiente para reducir las cotizaciones empresariales, ya que actualmente hay muchos excedentes en el sistema contributivo, aunque no se mostró muy convencido de que el Gobierno vaya a hacerlo. Aseguró que de las cuotas a la Seguridad Social se están financiando prestacions no contributivas por importe de billón o billón y medio de pesetas.

"Ese es el excedente de más que están pagando las cuotas empresariales y que tiene que pagar el conjunto del Estado", subrayó Cuevas, quien insistió en que en los Presupuestos del 98 se debe avanzar "con la mayor rapidez" en la separación de las fuentes de financiación de la Seguridad Social.

MODERACION SALARIAL

Para Cuevas, además de la reducción de las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social, las principales preocuaciones son el cumplimiento de los criterios de convergencia, la mejora de la competitividad de la economía y de las empresas, el crecimiento de las inversiones públicas y la racionalización del sistema público.

También destacó la necesidad de seguir desarrollando una política coherente de rentas, con subidas salariales en la línea del IPC. "Lo que más nos preocupa", explicó Cuevas, "es que los costes laborales unitarios en 1997 crecerán muy por encima del 3% en España y los de nuestros competidores n estarán por encima del 1,5%".

Cuevas, que animó al Gobierno a seguir con su política de privatizaciones para amortizar el endeudamiento del Estado, también defendió un mayor control de los gastos sanitarios y de la Seguridad Social. No quiso pronunciarse sobre los sistemas de copago en algunos servicios sanitarios, y defendió un mayor control del fraude en las prestaciones por incapacidad temporal e invalidez.

Sobre el informe del BBV en el que se defiende una nueva reforma laboral, Cuevas dijo ue las reformas nunca se agotan en sí mismas, y la última tampoco. No obstante, aclaró que no es necesaria una nueva reforma del despido, porque el coste del despido normal en España es ahora de 20 días por año trabajado por un máximo de 12 mensualidades, "y este coste es perfectamente equiparable a la media europea".

Cuevas centró gran parte de su rueda de prensa en destacar los avances en competitividad que han registrado la economía y las empresas españolas en los últimos diez ejercicios y especialente en el último año. Aseguró que actualmente el 50% del PIB español está fundamentado en el comercio exterior.

Según Cuevas, quien dijo que más de 17.000 empresas españolas operan habitualmente en el exterior, esta mejora de la competitividad se ha logrado gracias al esfuerzo inversor de las empresas, la mejora de la calidad de los productos, el crecimiento moderado de los salarios, la reducción del coste del despido y el marco de estabilidad creado por las políticas económicas, fiscales y financiers del Gobierno de Aznar.