Cuevas expresará su disposición a participar en un amplio "consenso social" con el Gobierno y los sindicatos, siempre que no implique el mantenimiento de la autorización administración de los expedientes de regulación de empleo o el aumento del gasto público corriente.

Además, el presidente de la CEOE defenderá la aplicación de un ajuste presupuestario "muy riguroso" en 1992, que preserve el gasto en infraestructuras y restrinja los de sueldos de funcionarios, pensiones y prestacions de desempleo.

Con ese fin, la CEOE considera imprescindible la supresión de la actualización de las retribuciones de funcionarios y pensionistas en función de la inflación pasada, y que pasen a indiciarse respecto a la inflación prevista.

La CEOE hará hincapié en que las dificultades del Presupuesto del Estado no se resuelvan disminuyendo la inversión en infraestructuras por debajo del 5 por ciento anual del PIB comprometido en el Plan de Convergencia, ni tampoco mediante un incremento de la prsión fiscal.

A este respecto, Cuevas explicará a González que un recorte presupuestario que afectase a las infraestructuras comprometería el potencial de desarrollo de la economía española, con lo que llevaría más tiempo cerrar el diferencial de renta "per capita" con la media comunitaria.

La patronal es bastante escéptica sobre las posibilidades de atacar el déficit mediante una elevación de las retenciones del IRPF y del IVA, especialmente porque esto último atizaría la inflación "lo que forzara a fin de año una revisión de los salarios de funcionarios y de pensiones, con lo que no serviría de nada".

LA SOGA EN CASA DEL AHORCADO

Por otra parte, la CEOE también planteará la reducción de las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social, aunque entiende que es una medida que el Gobierno no podrá adoptar en breve plazo, debido a que agravaría el déficit público.

"En estos momentos, es como mentar la soga en casa del ahorcardo, así que no seremos especialmente incisivos en ese tema, pro la petición se menciona en el documento y se seguirá pidiendo permanentemente", señalaron en la CEOE.

Asimismo, la patronal es partidaria de una reforma a fondo de las modalidades de contratación, que introduzca el contrato de aprendizaje, así como del abaratamiento de los despidos individuales.

Actualmente, la indemnización mínima por despido es de 45 días por año trabajado, con un máximo de 42 mensualidades, lo que ha dado lugar a pagos por un importe de 89.111 millones de pesetas en el primr trimestre de este año, según datos del Ministerio de Trabajo.

El documento que Cuevas entregará a González reclama también la actualización de los activos de los balances de las empresas, un tratamiento fiscal especial para las sociedades pequeñas y medianas y la potenciación de la inversión en investigación y desarrollo.

Según la CEOE, los recursos dedicados a investigación debería elevarse hasta situarlos en 1997 en la media comunitaria, el 2 por ciento del PIB.

CONSENSO SOCIAL

De otrolado, Cuevas expresará a González su convencimiento de que la mejor manera de compatibilizar el crecimiento del empleo y la estabilidad social es buscar un consenso entre los interlocutores sociales referido a salarios, formación y la reforma del mercado de trabajo, entre otros temas.

La CEOE, según las fuentes consultadas por Servimedia, considera que la economía atraviesa una situación delicada "porque no se han podido hacer peor las cosas en los últimos tres años".

A su juicio, los errores comtidos se han traducido en "un crecimiento endiablado de los gastos públicos corrientes y la no adopción de medidas de flexibilización. En esa traca de errores, la final ha sido los Presupuestos del Estado para 1992, que fue el culmen de la incoherencia".

La CEOE entiende que la principal responsabilidad del "excesivo crecimiento de los salarios" recae en los sindicatos "pero también en algunos de los negociadores empresariales, porque un pacto salarial es un pacto de dos y los aumentos retributivos delos dos últimos años no se compadecen con la marcha de las cuentas de resultados".