"Por eso, hemos preferido hablar de reordenación del tiempo de trabajo", dijo Cuevas en referencia a las negociaciones que mantienen empresarios y sindicatos, que espera que den resultados en los próximos meses.

Según el responsable de la CEOE, "tenemos que hablar y llegar a conlusiones de reordenación del tiempo de trabajo, incluida la duración del tiempo de trabajo, con dos objetivos: asegurar y fortalecer la capacidad de competir de las empresas, y, al mismo tiempo, generar más empleo".

Cuevas, que clausuró hoy unas jornadas organizadas por la Asociación para el Progreso de la Dirección sobre "La empresa española ante la Unión Monetaria", mostró su deseo de llegar pronto a acuerdos con los sindicatos en esta materia. No obstante, indicó que este tema "siempre está expuest a planteamientos políticos o demagógicos", y dijo que debería tratarse con "la mayor racionalidad posible".

Durante su intervención en las jornadas, Cuevas aseguró que la jornada laboral efectiva en España es de una media de 38 horas semanales, frente a las casi 40 de la Unión Europea, entendiéndose por jornada efectiva la realmente trabajada (la que se obtiene de descontar de la jornada pactada las horas perdidas por enfermedad, absentismo y conflictividad laboral, y añadiendo las horas extras).

A juicio del responsable de la patronal empresarial, "este dato es de capital importancia porque desnuda simplistas planteamientos aritméticos de reparto de trabajo", que, según su opinión, sólo contribuirían a aumentar los costes de las empresas y a crear más desempleo.

Cuevas hizo un repaso por la evolución de la economía en los últimos diez años, y la favorable etapa de crecimiento que está viviendo el país en los últimos años, y defendió una mayor liberalización de los mercados, una profunda refoma de la Administración Pública y seguir avanzando en la reforma laboral.

Cuevas se refirió también a la rebaja de las cotizaciones sociales, y dijo que cuando finalice el proceso de separación de las fuentes de financiación de la Seguridad Social, que debe culminar en el 2000, según la reforma de las pensiones, habrá un excedente de las cuotas de empresas y trabajadores cercanos a los 700.000 millones de pesetas.

A su juicio, ese excedente es el que debe irse ya aplicando a la reducción de cotizciones, "y el Estado tendrá que decidir de dónde obtiene los recursos públicos para cumplir su obligación", refiriéndose a los recursos que serán necesarios para hacer frente a las prestaciones no contributivas.